En sistemas tiránicos, mientras más controles, más corrupción.

Aunque parezca increíble y contradictorio en sistemas sociales, políticos, económicos, judiciales corruptos; mientras más leyes, instituciones públicas y burocracia existan; más corrupción e injusticia, habrá y prevalecerá.

Es que es lógico, pues, siendo las mafias tiránicas y dominantes las que manejan el conjunto del Estado, es obvio que las instituciones estatales estarán dirigidas por los hijos y criados de las “élites” prostituidas. Por lo mismo, la posibilidad de que tales instituciones sean administradas honesta y óptimamente es sencillamente nula.

Pero, si existen instituciones visiblemente podridas en los mencionados sistemas enfermos, ésas son precisamente las de Control. Damas y caballeros, pocas instituciones tienen individuos más despreciables y corrompidos como los tienen la Contraloría General del Estado, Aduanas del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, principalmente.

Pillos siempre van a existir, pero lo que una sociedad, un estado, una nación no puede darse el lujo es de tener a individuos inmorales ocupando funciones de control y vigilancia pública; pues entonces quién vigila a quién. Es decir, pillos auditando a pillos. Corruptos controlando a corrompidos. Ladrones negociando, chantajeando, “robando” y encubriendo a ladrones.

Al respecto, en estos últimos días, Alfredo Pinoargote, entrevistador de Ecuavisa, tocó el tema de la impunidad de que gozan los beneficiarios de la corrupción pública y de la incompetencia y complicidad de los principales estamentos públicos encargados de enfrentarla y sancionarla, llámense Contraloría General, Fiscalía, Consejo de Participación de Ciudadanos, etc.

Anteayer, me parece, Pinoargote, invitó a un tipo que decía ser el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, verdadero convidado de piedra uniformado de indígena ecuatoriano, seguramente elegido por las comisiones correanas “ad hoc”. Créanme cuando les digo que ni idea del nombre de dicho pipón. Pues bien, ante los requerimientos de Pinoargote, en el sentido de que la ley que regulará el ejercicio de aquel órgano de control contaba con muchísimas debilidades, aquel “huasipunguero gremial”, ni para atrás ni para adelante, típicas características de la gran mayoría de serviles colaboradores del Gran Patán de Carondelet.

Hoy en la mañana le tocó el turno al ex guardaespaldas de Correa y ex jefe de la Comisión Anticorrupción de la Presidencia correana, J.L. Cortázar. Pinoargote volvió a insistir que la ley era demasiado ambigua en cuanto a enfrentar a la corrupción con eficiencia y efectividad, y mencionó una serie de hechos que ponían de manifiesto la corrupción de los actuales patriotas aferrados al pernil público, mencionando algo más o menos así: “todos somos testigos de cómo los nuevos ricos se pasean en vehículos de lujo y cambian de casa a cada rato y todo frente a nuestras narices. Pero para las autoridades de control no pasa nada”. J. Cortázar, como es obvio luego de alabar las acciones del Rrrafa, su jefe, y cuidarse de decir algo que pudiera vincularlo con al actual festín de los fondos públicos, mencionó que el problema era de cultura y que para solucionar eso tenía que transcurrir tiempo, pero, que el gobierno del “Señor Presidente” estaba tomando decisiones en ese sentido. Obviamente Pinoargote volvió a dejar en claro sus objeciones y a exigir que se proceda a actuar en contra de los nuevos ricos de la misma manera en que se “perseguía” a los ricachones hereditarios.

Sin embargo, Pinoargote en sus críticas a las leyes correanas que regularán el Consejo de Participación Ciudadana olvidó tocar un tema trascendental. Mientras las mafias politicastras tengan el control de todos los estamentos de la sociedad, quienes ocupen los diferentes cargos públicos, burocracia, funcionarios estatales, empleados públicos, etc., serán cómplices y alcahuetes de los delitos de los padrinos e hijastros de la dictadura partidocrática. Es obvio, del saco de pus, solamente pude salir el miasma.

Por lo mismo, se puede entender que el actual Contralor de la Nacional, un tipo de apellido Pólit, hombre de confianza de Luxio Gutiérrez, haya sido ratificado por la Asamblea Correana como Contralor. Los hijos de la ramera partidocracia se cuidan entre ellos a pesar de que tengan diferente camiseta.

Hace algunas semanas observé un reportaje acerca de la flota de vehículos, todos coches de lujo de la actual Ministra de Salud. Sorpresivamente la referida alta funcionaria de este gobierno no pagaba Impuesto a la Renta hasta antes de entrar al gobierno correano, y si lo hacía en algún año eran cantidades indigentes. Sin embargo, a pesar de existir un indicio de enriquecimiento ilícito, los inquisidores del SRI, prefirieron ver para otro lado. Escogieron más bien la tienda de la esquina para dejarle caer todo el peso de la ley; una semana clausurada; una semana sin ingresos, a efectos de que el vecino, “cobre conciencia y desarrolle cultura tributaria” y la próxima vez emita factura por unos chicles y un refresco. Mientras tanto los grandes evasores fiscales y los ladrones del tesoro público, “desgualingándose” de la risa, disfrutando de sus talentos malsanos y la impunidad que la H. (dizque Honorable) Contraloría General de la Nación, o el I. (dizque Ilustre) Servicio de Rentas Internas, les garantiza.

Las fierecillas domadas del SRI

El otro día mientras vagabundeaba por las calles de la ciudad, descubrí con una mezcla de efímero desagrado y desdén, una más de las temibles represalias de las aterradoras fieras inquisidoras del SRI.

Un pequeño negocio de Internet, había sido la nueva víctima de la sed insaciable de venganza del Estado consumidor.

No es difícil encontrarse todos los días con micro negocios clausurados por diferentes motivos. Inclusive en ocasiones he visto a pequeñas tiendas, aquellas en las que ocasionalmente compramos una gaseosa o una caja de fósforos, cerradas por no haber emitido una nota de venta de un par de dólares o quizá unos cuantos centavos.

Ciertamente los ciudadanos debemos pagar impuestos, no voy a cuestionar ese orden fiscal. Pero, qué ocurre cuando el contrato ciudadanos Estado, es roto por este último. Pagar impuestos, de acuerdo, a cambio de eso, los ciudadanos nos merecemos: un sistema de salud público eficiente, seguridad pública, un sistema judicial sustentado en la justicia y la sana jurisprudencia, entre otros servicios públicos. Es decir, con nuestros impuestos estamos comprando calidad de vida pública.

Pero que sucede en la práctica, la realidad es tan diferente. No voy a enunciar los males de la sociedad ecuatoriana, todos somos testigos de tanta ignominia. El Estado a través de la burocracia corrompida se traga descaradamente nuestros impuestos y a cambio nos ofrece la porquería que da la regalada gana, eso, cuando simplemente no sucede, que nos niegue absolutamente sus escuálidos e inmorales servicios.

Entonces me pregunto: ¿Qué calidad moral tiene este Estado criminal y cómplice de todas las fuerzas virulentas que han violentado a la sociedad ecuatoriana para exigir su contribución respecto de un servicio pésimo, indigno o inexistente?

Cuando los pipones de la burocracia desean mejorar sus prebendas, se declaran en paro, a sabiendas que independientemente que no “trabajen” cobrarán por sus días de vagancia huelguista. Mientras tanto aquellos propietarios de los negocios clausurados, que solamente cuentan con los ingresos de la operatividad de los mismos, habrán perdido todos aquellos días que dure el castigo de amo patrón Estado.

Muchos dirán: “ellos mismos tienen la culpa, para que no pagan o cumplen con las reglas de juego”. Puede ser. Es preferible votarles sus tres centavos a los terribles bufones del SRI, que por cierto, cuentan con guardia pretoriana privada, como lo podrán confirmar si visitan los agradables ambientes en que este segmento de burocracia agraciada desempeña su ominosa labor.

Pero, ¿alguien alguna vez escuchó, que se haya hecho, una auditoria patrimonial y fiscal, a los jueces de sistema judicial, muy especialmente a los de las cortes Superior o Suprema? Por lo menos Yo, nunca. Ni para que mencionar a las ratas de Contraloría y demás instituciones disque autonómicamente públicas.

¿Por qué me caen gordos los “chicos malos” del SRI? Porque los muy canallas, son temibles fiscalizadores cuando se trata de sancionar al simple, al común de los corrientes, a ese que no tiene padrinos, al que está a su completa y exclusiva merced. Pero, cuando de sancionar a los peces gordos se trata, ni hablar. Ya sé, los amantes del locuaz parlanchín dirán que: "con el amado líder las cosas han cambiado, sino ahí está el ejemplo de la clausura a Industrial Molinera". Pero, lo que no se dice es que la medida fue politiquera y demagógica, al margen de que haya sido legal. Eso por un lado, pero por otro, no es posible que mientras un oligarca lleva años y años postergando sus obligaciones sin ningún tipo de sanción, a la tienda de la esquina de Don Pedro Pueblo se lo cierre de buenas a primeras.

El Estado debe ser el primero en cumplir con las leyes, con sus obligaciones y deberes para que tenga el respaldo moral al exigir al ciudadano sus responsabilidades y compromisos. Además y no menos importante, así como el Estado cuenta con herramientas para reprimir a los ciudadanos que incumplen con sus exigencias fiscales, así también los civiles tienen el derecho de demandar y sancionar tanto al Estado incompetente como a los funcionarios y burócratas públicos que incumplan con sus funciones y obligaciones. Lamentablemente para el pueblo llano esto último no existe, de ahí la triste realidad de una burocracia indolente, ociosa y corrupta.

No creo que la represión contra los pequeños contribuyentes cese, tampoco se realizará una verdadera reforma fiscal que minimice la complejidad del proceso de cálculo y declaración de los impuestos. El Estado continuará garantizándonos la torpeza, la insensibilidad, la brutalidad y la inmoralidad de los pepenadores públicos. Dudo mucho que los que más facturen paguen más de lo que han venido haciéndolo, ya que la cultura de la coima y la corrupción sigue vigente en el ámbito público. De manera que no deberá sorprendernos que la próxima vez que salgamos a comprar el pan, nos encontremos con la tienda del vecino clausurada, una vez más.