El otro día mientras vagabundeaba por las calles de la ciudad, descubrí con una mezcla de efímero desagrado y desdén, una más de las temibles represalias de las aterradoras fieras inquisidoras del SRI.
Un pequeño negocio de Internet, había sido la nueva víctima de la sed insaciable de venganza del Estado consumidor.
No es difícil encontrarse todos los días con micro negocios clausurados por diferentes motivos. Inclusive en ocasiones he visto a pequeñas tiendas, aquellas en las que ocasionalmente compramos una gaseosa o una caja de fósforos, cerradas por no haber emitido una nota de venta de un par de dólares o quizá unos cuantos centavos.
Ciertamente los ciudadanos debemos pagar impuestos, no voy a cuestionar ese orden fiscal. Pero, qué ocurre cuando el contrato ciudadanos Estado, es roto por este último. Pagar impuestos, de acuerdo, a cambio de eso, los ciudadanos nos merecemos: un sistema de salud público eficiente, seguridad pública, un sistema judicial sustentado en la justicia y la sana jurisprudencia, entre otros servicios públicos. Es decir, con nuestros impuestos estamos comprando calidad de vida pública.
Pero que sucede en la práctica, la realidad es tan diferente. No voy a enunciar los males de la sociedad ecuatoriana, todos somos testigos de tanta ignominia. El Estado a través de la burocracia corrompida se traga descaradamente nuestros impuestos y a cambio nos ofrece la porquería que da la regalada gana, eso, cuando simplemente no sucede, que nos niegue absolutamente sus escuálidos e inmorales servicios.
Entonces me pregunto: ¿Qué calidad moral tiene este Estado criminal y cómplice de todas las fuerzas virulentas que han violentado a la sociedad ecuatoriana para exigir su contribución respecto de un servicio pésimo, indigno o inexistente?
Cuando los pipones de la burocracia desean mejorar sus prebendas, se declaran en paro, a sabiendas que independientemente que no “trabajen” cobrarán por sus días de vagancia huelguista. Mientras tanto aquellos propietarios de los negocios clausurados, que solamente cuentan con los ingresos de la operatividad de los mismos, habrán perdido todos aquellos días que dure el castigo de amo patrón Estado.
Muchos dirán: “ellos mismos tienen la culpa, para que no pagan o cumplen con las reglas de juego”. Puede ser. Es preferible votarles sus tres centavos a los terribles bufones del SRI, que por cierto, cuentan con guardia pretoriana privada, como lo podrán confirmar si visitan los agradables ambientes en que este segmento de burocracia agraciada desempeña su ominosa labor.
Pero, ¿alguien alguna vez escuchó, que se haya hecho, una auditoria patrimonial y fiscal, a los jueces de sistema judicial, muy especialmente a los de las cortes Superior o Suprema? Por lo menos Yo, nunca. Ni para que mencionar a las ratas de Contraloría y demás instituciones disque autonómicamente públicas.
¿Por qué me caen gordos los “chicos malos” del SRI? Porque los muy canallas, son temibles fiscalizadores cuando se trata de sancionar al simple, al común de los corrientes, a ese que no tiene padrinos, al que está a su completa y exclusiva merced. Pero, cuando de sancionar a los peces gordos se trata, ni hablar. Ya sé, los amantes del locuaz parlanchín dirán que: "con el amado líder las cosas han cambiado, sino ahí está el ejemplo de la clausura a Industrial Molinera". Pero, lo que no se dice es que la medida fue politiquera y demagógica, al margen de que haya sido legal. Eso por un lado, pero por otro, no es posible que mientras un oligarca lleva años y años postergando sus obligaciones sin ningún tipo de sanción, a la tienda de la esquina de Don Pedro Pueblo se lo cierre de buenas a primeras.
El Estado debe ser el primero en cumplir con las leyes, con sus obligaciones y deberes para que tenga el respaldo moral al exigir al ciudadano sus responsabilidades y compromisos. Además y no menos importante, así como el Estado cuenta con herramientas para reprimir a los ciudadanos que incumplen con sus exigencias fiscales, así también los civiles tienen el derecho de demandar y sancionar tanto al Estado incompetente como a los funcionarios y burócratas públicos que incumplan con sus funciones y obligaciones. Lamentablemente para el pueblo llano esto último no existe, de ahí la triste realidad de una burocracia indolente, ociosa y corrupta.
No creo que la represión contra los pequeños contribuyentes cese, tampoco se realizará una verdadera reforma fiscal que minimice la complejidad del proceso de cálculo y declaración de los impuestos. El Estado continuará garantizándonos la torpeza, la insensibilidad, la brutalidad y la inmoralidad de los pepenadores públicos. Dudo mucho que los que más facturen paguen más de lo que han venido haciéndolo, ya que la cultura de la coima y la corrupción sigue vigente en el ámbito público. De manera que no deberá sorprendernos que la próxima vez que salgamos a comprar el pan, nos encontremos con la tienda del vecino clausurada, una vez más.
Un pequeño negocio de Internet, había sido la nueva víctima de la sed insaciable de venganza del Estado consumidor.
No es difícil encontrarse todos los días con micro negocios clausurados por diferentes motivos. Inclusive en ocasiones he visto a pequeñas tiendas, aquellas en las que ocasionalmente compramos una gaseosa o una caja de fósforos, cerradas por no haber emitido una nota de venta de un par de dólares o quizá unos cuantos centavos.
Ciertamente los ciudadanos debemos pagar impuestos, no voy a cuestionar ese orden fiscal. Pero, qué ocurre cuando el contrato ciudadanos Estado, es roto por este último. Pagar impuestos, de acuerdo, a cambio de eso, los ciudadanos nos merecemos: un sistema de salud público eficiente, seguridad pública, un sistema judicial sustentado en la justicia y la sana jurisprudencia, entre otros servicios públicos. Es decir, con nuestros impuestos estamos comprando calidad de vida pública.
Pero que sucede en la práctica, la realidad es tan diferente. No voy a enunciar los males de la sociedad ecuatoriana, todos somos testigos de tanta ignominia. El Estado a través de la burocracia corrompida se traga descaradamente nuestros impuestos y a cambio nos ofrece la porquería que da la regalada gana, eso, cuando simplemente no sucede, que nos niegue absolutamente sus escuálidos e inmorales servicios.
Entonces me pregunto: ¿Qué calidad moral tiene este Estado criminal y cómplice de todas las fuerzas virulentas que han violentado a la sociedad ecuatoriana para exigir su contribución respecto de un servicio pésimo, indigno o inexistente?
Cuando los pipones de la burocracia desean mejorar sus prebendas, se declaran en paro, a sabiendas que independientemente que no “trabajen” cobrarán por sus días de vagancia huelguista. Mientras tanto aquellos propietarios de los negocios clausurados, que solamente cuentan con los ingresos de la operatividad de los mismos, habrán perdido todos aquellos días que dure el castigo de amo patrón Estado.
Muchos dirán: “ellos mismos tienen la culpa, para que no pagan o cumplen con las reglas de juego”. Puede ser. Es preferible votarles sus tres centavos a los terribles bufones del SRI, que por cierto, cuentan con guardia pretoriana privada, como lo podrán confirmar si visitan los agradables ambientes en que este segmento de burocracia agraciada desempeña su ominosa labor.
Pero, ¿alguien alguna vez escuchó, que se haya hecho, una auditoria patrimonial y fiscal, a los jueces de sistema judicial, muy especialmente a los de las cortes Superior o Suprema? Por lo menos Yo, nunca. Ni para que mencionar a las ratas de Contraloría y demás instituciones disque autonómicamente públicas.
¿Por qué me caen gordos los “chicos malos” del SRI? Porque los muy canallas, son temibles fiscalizadores cuando se trata de sancionar al simple, al común de los corrientes, a ese que no tiene padrinos, al que está a su completa y exclusiva merced. Pero, cuando de sancionar a los peces gordos se trata, ni hablar. Ya sé, los amantes del locuaz parlanchín dirán que: "con el amado líder las cosas han cambiado, sino ahí está el ejemplo de la clausura a Industrial Molinera". Pero, lo que no se dice es que la medida fue politiquera y demagógica, al margen de que haya sido legal. Eso por un lado, pero por otro, no es posible que mientras un oligarca lleva años y años postergando sus obligaciones sin ningún tipo de sanción, a la tienda de la esquina de Don Pedro Pueblo se lo cierre de buenas a primeras.
El Estado debe ser el primero en cumplir con las leyes, con sus obligaciones y deberes para que tenga el respaldo moral al exigir al ciudadano sus responsabilidades y compromisos. Además y no menos importante, así como el Estado cuenta con herramientas para reprimir a los ciudadanos que incumplen con sus exigencias fiscales, así también los civiles tienen el derecho de demandar y sancionar tanto al Estado incompetente como a los funcionarios y burócratas públicos que incumplan con sus funciones y obligaciones. Lamentablemente para el pueblo llano esto último no existe, de ahí la triste realidad de una burocracia indolente, ociosa y corrupta.
No creo que la represión contra los pequeños contribuyentes cese, tampoco se realizará una verdadera reforma fiscal que minimice la complejidad del proceso de cálculo y declaración de los impuestos. El Estado continuará garantizándonos la torpeza, la insensibilidad, la brutalidad y la inmoralidad de los pepenadores públicos. Dudo mucho que los que más facturen paguen más de lo que han venido haciéndolo, ya que la cultura de la coima y la corrupción sigue vigente en el ámbito público. De manera que no deberá sorprendernos que la próxima vez que salgamos a comprar el pan, nos encontremos con la tienda del vecino clausurada, una vez más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario